6to año Historia ULTIMA DICTADURA MILITAR

GOLPE MILITAR DE 1976

El contexto mundial

Terminada la Segunda Guerra Mundial, el mundo occidental estuvo atravesado por la
Guerra Fría.Es decir, por el conflicto Este-Oeste, que implicaba la lucha entre dos modelos
políticos: el socialista, referenciado en la URSS (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas),
y el capitalista, centralizado por Estados Unidos. Ambos modelos se pensaban
mutuamente como antagónicos más que como adversarios políticos, o sea que
consideraban que no podían convivir sino que debían luchar por la eliminación del otro.
La expresión latinoamericana de la Guerra Fría consistió en la aplicación de la Doctrina de
Seguridad Nacional, la estrategia represiva elaborada por Estados Unidos para evitar que
se expandiera el socialismo en la región, y para lo cual postulaba que la “guerra interna”
era la respuesta necesaria ante la “invasión comunista”. Es decir que legitimaba la
aplicación, como parte de una política de Estado, de una metodología represiva
(asesinato, tortura, cárcel y desaparición) contra aquellas personas y organizaciones que
estuvieran comprometidas en proyectos políticos alternativos, que podían implicar o no
la lucha armada, pero cuyo espíritu esencial era la lucha por las reivindicaciones sociales.
En este marco, y en la medida en que América Latina, con excepción de la Cuba
socialista, “pertenecía” al occidente capitalista, se implementó el Plan Cóndor, una
operación de represión organizada a mediados de los años setenta por los Servicios de
Inteligencia de varios países latinoamericanos, entre ellos Argentina, Chile, Brasil,
Paraguay y Uruguay, con el objetivo de aniquilar a los “enemigos políticos”.

Las dictaduras de la Doctrina de la Seguridad

Nacional en Argentina y América Latina

 Introducción

 

En las décadas de 1960 y 1970, la influencia de la Revolución socialista Cubana y el ejemplo del Che impulsaron a distintos grupos revolucionarios latinoamericanos a fundar organizaciones armadas. Muchos veían que la desigualdad y la dependencia de las potencias imperiales no se solucionarían por la vía de las democracias occidentales en esta región del mundo. A esa situación se sumaba al hecho de que la Guerra Fría se trasladaba directamente a la región latinoamericana, primero en Guatemala, luego en Cuba, y se generaban grandes tensiones. Para controlar la situación en lo que consideraba su territorio, Estados Unidos convocó a los representantes de todos los ejércitos latinoamericanos en las Conferencias de Ejércitos Americanos (CEA) desde 1960, y comenzó a dictar cursos de formación dirigidos a oficiales latinoamericanos. Miles de ellos recibieron instrucción y adoctrinamiento militar en distintas instituciones norteamericanas, con el propósito de formarlos ideológicamente en las nuevas doctrinas. En esas conferencias anuales Estados Unidos promovía, entre los altos mandos de los ejércitos americanos, la difusión de sus dogmas, la implementación del capitalismo y la política de contención del comunismo;  actualmente, la lucha contra el terrorismo internacional. También en la Escuela de las Américas de Panamá enseñó métodos de contrainsurgencia, tortura, crueldad y represión. Se la llamó “la escuela de dictadores” y formó a generaciones de militares en América Latina para defender las estrategias del Pentágono; allí se graduaron, tanto los dictadores de la década de 1970 (por ejemplo los argentinos Roberto Viola, Leopoldo F. Galtieri e Ibérico Saint-Jean; el general panameño Manuel Antonio Noriega y el salvadoreño Roberto d’Aubuisson, inspirador de los “escuadrones de la muerte”en El Salvador), como los que derribaron en el año 2009 al presidente constitucional de Honduras, Manuel Zelaya. Estados Unidos definió una estrategia para evitar cualquier ejemplo de experiencia socialista en Latinoamérica (y también gobiernos de carácter antiimperialista y nacionalista), que estaba basada en la Doctrina de la Seguridad Nacional. Colaboró en la destitución de gobiernos como el del general Juan José Torres (1970-1971) en Bolivia, derrocado por el coronel Hugo Banzer (que también había recibido instrucción en Panamá) y el del socialista Salvador Allende de Chile (donde la intervención de Estados Unidos fue abierta).

Hacia fines de la década del 70 todos los países de Sudamérica estaban bajo férreas dictaduras militares.

 

La Doctrina de la Seguridad Nacional

 

La Doctrina de la Seguridad Nacional marcó un cambio fundamental en el rol de las Fuerzas Armadas de los países latinoamericanos. Su función ya no era velar por la seguridad de las fronteras, sino buscar y tratar de identificar al enemigo en el propio país. Aunque el enemigo interno estaba encarnado, en primer lugar, por las organizaciones armadas (denominadas genéricamente por los militares como “guerrilla” o “subversión armada”), la represión se dirigió a un amplio arco de opositores políticos: comunistas, socialistas, antiimperialistas, organizaciones campesinas, sociales y estudiantiles, comunidades eclesiásticas de base vinculadas a la Teología de la Liberación, así como cualquier grupo con un tinte nacionalista o socialista que amenazara la “seguridad nacional”. Según las palabras del dictador chileno Augusto Pinochet, el fundamento de la Doctrina de la Seguridad Nacional consiste en que las naciones están amenazadas por la “agresión permanente al servicio de una superpotencia extracontinental e imperialista” (la Unión Soviética, que prestó apoyo a Cuba cuando fue bloqueada por Estados Unidos). La Doctrina denuncia la infiltración soviética a través de “elementos subversivos” en los países pertenecientes al sistema democrático occidental. Esta doctrina estuvo antecedida por otras similares, como la Doctrina Nixon1 (1969) que sostuvo a los regímenes pro norteamericanos y ayudó a reforzar su capacidad militar para ejercer la función de“policía” dentro de América Latina.

Los ejércitos de cada país debían prepararse para la lucha contrainsurgente. El Pentágono definió la contrainsurgencia como “aquellas medidas militares, paramilitares, políticas, económicas, psicológicas y cívicas tomadas por el gobierno para vencer la insurgencia subversiva”.

 La influencia de la Escuela Francesa en las nuevas dictaduras

 Los métodos adquiridos por el ejército francés durante su guerra colonialista en Indochina y en Argelia, también influenciaron en el adoctrinamiento y accionar de los ejércitos latinoamericanos. Conocida como la “Escuela Francesa”, una misión de instructores paramilitares de la Organización Armada Secreta (OAS) fue convocada en la década de 1960 bajo el gobierno de Arturo Frondizi y permaneció en el país hasta la última dictadura. Más tarde también asesoró a la dictadura brasileña sobre métodos de represión. Los oficiales argentinos con mejores promedios de la Escuela Superior de Guerra hacían cursos de perfeccionamiento en París, y luego eran enviados a un mes de práctica en Argelia. El “modelo francés” implicaba el uso de la tortura y de otros medios para generar terror. Usando su terminología, la “guerra moderna” era muy distinta de la tradicional, porque el enemigo (los revolucionarios) contaba con el apoyo de la población civil. Entonces se imponía el terror para tratar de separar a los grupos revolucionarios de su base de sustento. La práctica sistemática de la tortura se justificaba como necesidad de obtener información. También les enseñaron la división del territorio nacional en zonas de operaciones, los métodos de interrogación, el tratamiento de prisioneros de guerra y la subordinación policial al Ejército. Cada área de responsabilidad, cada zona, cada subzona tenía grupos que actuaban entrando a las casas, allanando, apresando en forma ilegal y de ahí pasaban a centros de detención donde se hacían los interrogatorios. Los métodos inquisitivos fueron complementados con lo aprendido en la Escuela de las Américas de Panamá, a la cual muchos argentinos fueron incorporados como profesores. En suma, en los métodos de las dictaduras de la Seguridad Nacional se integraron la doctrina francesa, la doctrina de Seguridad Nacional y la cooperación entre los Ejércitos, en las Conferencias anuales y en el Plan Cóndor.

 

La coordinación entre dictaduras. El Plan Cóndor

 La formación de los militares en la Escuela de las Américas facilitó la conexión de las acciones de las dictaduras latinoamericanas. Los ejércitos de los distintos países coordinaron sus acciones, incluso más allá de la voluntad de los gobiernos, que en algunos casos eran democráticos. Argentina, a pesar de que entre 1973 y 1976 su gobierno era constitucional (tercer gobierno peronista), sus fuerzas armadas y la Triple A colaboraron con la dictadura de Augusto Pinochet, al detener a ciudadanos chilenos que intentaban escapar de la represión desatada tras el golpe. En 1974 fuerzas de la DINA (Dirección de Inteligencia Nacional) chilena asesinaron en Buenos Aires al ex comandante en jefe y general del ejército chileno. Esos procedimientos se generalizaron a partir de 1975 con la captura de refugiados políticos chilenos, uruguayos, bolivianos y argentinos, en cualquier territorio del Cono Sur, e incluso fueron asesinados en otros continentes: un dirigente demócrata cristiano chileno y su esposa, en Roma (1975); un diplomático y general boliviano, en París (1976) y el ex ministro de Relaciones Exteriores chileno, Orlando Letelier, en Washington. En Buenos Aires, en 1976, aparecieron acribillados ex parlamentarios uruguayos y el ex presidente de Bolivia, Juan José Torres. La notoriedad de estos asesinatos hizo que después las fuerzas represivas prefirieran el secuestro y la muerte clandestinos de los perseguidos. Esta coordinación de las dictaduras latinoamericanas entre sí, que se organizaban para efectuar una represión eficiente sobre sus enemigos ideológicos se llamó Plan Cóndor (también Operación Cóndor u Operativo Cóndor), y se concretó en 1975. Los países que lo integraron, de manera comprobada fueron Chile, Brasil, Paraguay, Uruguay y Argentina, aunque también hubo desapariciones, traslados y asesinatos de ciudadanos de otros países en Perú, Bolivia y otros gobiernos autoritarios. Las dictaduras reunían a sus agentes de inteligencia, organizaban espionajes conjuntos, intercambiaban prisioneros, falsificaban documentos y actuaban en los países vecinos con libertad para secuestrar y matar.

 Las pruebas fehacientes de esta organización criminal internacional fueron descubiertas en 1992, gracias a la investigación de Martín Almada, un ex detenido del dictador paraguayo Alfredo Stroessner,2 que ubicó los archivos de la policía secreta del Paraguay. Se trata de miles de fichas de detención y fotografías, denominadas archivos del horror, y demuestran la activa colaboración de las dictaduras militares que integraron la Operación Cóndor. Luego, con la apertura de documentos confidenciales norteamericanos, resultó evidente que el gobierno de los Estados Unidos estaba al tanto de estos hechos. Entre 1977 y 1984 se expandieron a escala continental los métodos aplicados por las dictaduras latinoamericanas en la Operación Centroamérica. Hubo participación activa de militares argentinos en la represión somocista en Nicaragua; su excusa fue que muchos militantes montoneros y del ERP exiliados se habían integrado al Ejército Sandinista de Liberación Nacional nicaragüense.

 

La dictadura en Argentina 1976-1983

El 24 de marzo de 1976

 

Cuando la CGT logró el alejamiento de José López Rega, en octubre de 1975, el comandante en jefe del Ejército Jorge Rafael Videla afirmó en la Conferencia de Ejércitos Americanos: “Si es preciso, en la Argentina deberán morir todas las personas que sean necesarias para lograr la paz del país”. Ya estaba preparando el golpe con las características que tendría, y no tenía problemas en anunciarlo ante esos oyentes. Poco después, se sublevó, en Morón, un sector de la Fuerza Aérea y exigió la renuncia de la Presidenta. Para justificar el golpe, se hablaba constantemente de “vacío de poder”. Sin embargo, estaba el Congreso en funcionamiento, el presidente provisional del Senado (Ítalo Luder) había asumido en más de una oportunidad el ejercicio de la Presidencia de la Nación, las elecciones (que deberían haber sido en marzo de 1977) fueron anticipadas por Isabel para el año 1976; es decir, existían vías institucionales para gobernar el país, pese a la violencia de la extrema derecha y de la guerrilla, y de la crisis económica en la que colaboraban los grandes grupos empresariales. Estados Unidos conocía esto perfectamente: un documento de la Embajada, a fines de 1975, describía: “los informes indicaron que el capellán general del Ejército, monseñor Adolfo Tórtolo está sirviendo como intermediario entre Videla y la Sra. de Perón. [...] Tórtolo no habría tenido suerte. Le habría trasmitido la insistencia de los tres comandantes en que ella se alejara del poder”.

El 24 de marzo de 1976 las Fuerzas Armadas detuvieron a la presidenta constitucional María Estela Martínez de Perón, y tras el golpe militar se hizo cargo del poder una Junta integrada por el teniente general Jorge Rafael Videla, comandante general del Ejército; el almirante Emilio Eduardo Massera, comandante general de la Armada, y el brigadier general Orlando Ramón Agosti, comandante general de la Fuerza Aérea. Inmediatamente procedieron a declarar caducos a los gobernantes nacionales, provinciales y municipales, sus Legislaturas, la Corte Suprema de Justicia de la Nación y Tribunales provinciales. También suspendieron la actividad política y gremial en todos los ámbitos del país. La Junta Militar era la encargada de designar al presidente de la Nación y a los interventores militares, y designó en esa primera ocasión al general Videla.

 

El terrorismo de Estado

 

Si bien la Junta Militar estableció la pena de muerte, no la aplicó legalmente, sino que todas sus ejecuciones fueron clandestinas. Las responsabilidades por la represión y las acciones clandestinas fueron asumidas en forma conjunta por las tres armas (la Fuerza Aérea, la Marina y el Ejército), que se repartieron zonas y planificaron las operaciones desde los más altos mandos. Para comprometer a todos sus miembros, las tareas de represión atravesaron todos los niveles de mando y se les otorgó un carácter institucional, bajo el argumento del cumplimiento del deber para la defensa de la Patria frente a la “amenaza” de la “subversión marxista y apátrida”. Es decir que quienes detentaban el poder ni siquiera cumplían con las normas injustas que fijaban al dictar los comunicados militares. El Estado autoritario, basado en su propia legalidad, era el visible, el que se hacía público y se hacía llamar “derecho y humano”. Su otra cara era el Estado terrorista, en el que no había leyes ni normas, sino la arbitrariedad de los “grupos de tareas” integrados por miembros de las Fuerzas Armadas, de seguridad o reclutados clandestinamente, que se distribuían territorios, tareas, bienes y vidas. Si bien vimos que existió terrorismo de Estado durante la Presidencia de María Estela Martínez de Perón, mediante el accionar de las bandas paramilitares y paraestatales de la Triple A, durante la última dictadura el terror fue utilizado sistemáticamente para eliminar a los enemigos, intimidar a los disidentes y acallar a la mayoría de la sociedad civil, cometiendo entre otros delitos, el secuestro, la tortura, la desaparición forzada de personas y el genocidio.

 

 El control ideológico

 

En el ámbito educativo se estableció un control ideológico en los establecimientos, tanto públicos como privados. La dictadura diseñó un operativo denominado, paradójicamente, Operación Claridad para detectar a quienes pensaran distinto, por lo que eran considerados “agentes peligrosos”. Las órdenes secretas, pretendían “depurar ideológicamente” los ambientes culturales y educativos, y hacer desaparecer a esas personas, con la colaboración de agentes infiltrados en las instituciones o en las organizaciones estudiantiles universitarias. Se intervinieron las universidades nacionales, se cerraron algunas, se suspendieron carreras, se clausuraron reconocidas editoriales como Siglo XXI, Ediciones de la Flor, Centro Editor de América Latina y La Rosa Blindada, y se fomentó la autocensura y eliminación de libros potencialmente “peligrosos” a criterio de los dictadores, por miedo a las represalias. Durante la última dictadura militar, se incineraron 80.000 ejemplares de la biblioteca popular rosarina “La Vigil”; 30.000 libros de EUDEBA (Editorial Universitaria de Buenos Aires) y el millón y medio de libros del Centro Editor de América Latina (CEAL). También fueron censuradas o prohibidas películas y perseguidas, las compañías de teatro independiente.

 

 Los detenidos-desaparecidos

 

Los tristemente célebres métodos del terrorismo de Estado en la Argentina generalizaron las desapariciones forzadas de personas (niños, adolescentes, adultos y ancianos, incluso discapacitados); y muchos de los hijos de los desaparecidos de corta edad o nacidos en cautiverio fueron apropiados por las fuerzas represoras. El método no era invento argentino: en Chile hubo 1300 desaparecidos, en Paraguay más de 500, en Uruguay unos 250, pero la represión clandestina asumió en Argentina proporciones inimaginables. La Junta Militar argentina supo del gran impacto negativo en la opinión pública internacional que tuvo el régimen del general Augusto Pinochet, quien hizo pública su política de terror (presos y torturados en el Estadio Nacional de Chile). Para no dar cuenta de sus crímenes y aumentar la incertidumbre, el régimen militar en la Argentina asumió como política la negación de los secuestros y los lugares de concentración de prisioneros. La estrategia de desinformación intentaba que los crímenes o desapariciones no pudieran atribuirse a las Fuerzas Armadas. Las capturas de los opositores se hacían sin orden judicial, mediante el secuestro, la mayoría en horas de la noche en sus domicilios, aunque también fueron hechos de día, en la vía pública o en los lugares de trabajo o de estudio, e incluso en dependencias militares donde hacían la conscripción. No se informaba a la familia del destino del secuestrado, que era trasladado a centros clandestinos de detención (la Conadep identificó 340, pero actualmente se conocen 651): como la ESMA, el Olimpo, el Vesubio, la Perla, la Escuelita y el Pozo de Banfield. La metodología incluía tortura e interrogatorios, a fin de obtener información sobre otros “subversivos” u organizaciones guerrilleras, compañeros de militancia o de sindicato, y finalmente, el objetivo era terminar con su dignidad humana, “quebrarla” para que dejara de ser un ser pensante y crítico. Muchos murieron en la tortura, pero ese, usualmente, no era su propósito. Los represores preferían decidir el momento de la ejecución o el “traslado” del prisionero, es decir, el exterminio fuera del campo de detención. Finalmente, hacían desaparecer sus cuerpos, para que no existieran pruebas de los delitos de lesa humanidad que estaba cometiendo la dictadura. Desde que recomenzó la democracia en 1983, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) se dedica a identificar los restos humanos hallados en diversos puntos del país, para aportar las pruebas judiciales y para que sus familiares y amigos puedan cumplir el ritual de homenaje y despedida. La desaparición de bebés e infantes secuestrados junto con sus padres o nacidos en cautiverio formó parte de un plan sistemático de apropiación por parte de la dictadura. Las criaturas fueron inscriptas, en la mayoría de los casos, por familias vinculadas, de un modo u otro, al Estado terrorista, por medios también ilegales y con la complicidad de los Jueces. Las Abuelas de Plaza de Mayo trabajan para que se encuentren con sus familias de origen; a fines de 2010 ya habían recuperado su filiación 102 jóvenes. Sin embargo, todavía hay unos 400 jóvenes-adultos que fueron desaparecidos/apropiados por los represores y desconocen su verdadera identidad.

 

 La noche de los lápices

 

La represión apuntó mayoritariamente contra los muy jóvenes: el 43 por ciento de los desaparecidos tenía entre 16 y 25 años.6 Unos 250 adolescentes entre 13 y 18 años fueron secuestrados de sus hogares, a la salida de los colegios o en la vía pública durante la última dictadura, por el hecho de luchar a favor de sus derechos, por participar de la vida cívica de la Nación, por su actividad estudiantil o política, o como consecuencia de la represión ejercida contra sus padres, hermanos o familiares.El secuestro de más de diez estudiantes secundarios de la ciudad de La Plata durante el mes de septiembre de 1976 pasó a ser conocido por el testimonio ante la Conadep y en el Juicio a las Juntas de 1985 de uno de los sobrevivientes, Pablo Díaz, plasmado en la película La noche de los lápices (Héctor Olivera, 1986). Los chicos, en su mayoría militantes de la Coordinadora de Estudiantes Secundarios (que a su vez participaban de la UES–Unión de Estudiantes Secundarios–, eran guevaristas, comunistas o no intervenían políticamente) fueron trasladados a los centros clandestinos de detención llamados el Pozo de Arana, el Pozo de Banfield, y el Pozo de Quilmes, ubicados en la provincia de Buenos Aires. Todos sufrieron torturas y la mayoría, la muerte. En otras ciudades también los estudiantes secundarios sufrieron el terrorismo de Estado: en Bahía Blanca (alumnos de la E.N.E.T N° 1), en el colegio Carlos Pellegrini y el Nacional Buenos Aires de la Capital Federal. De acuerdo a la memoria fijada por la Conadep en el Nunca Más, se instauró el 16 de septiembre como el “Día de los Derechos del Estudiante Secundario”.

 

 Las denuncias y la lucha por los derechos humanos

 

La intensa actividad desplegada por el movimiento de derechos humanos se centró en la denuncia pública de lo que estaba ocurriendo en Argentina, para darlo a conocer tanto en el país como en el ámbito internacional, y, por supuesto, en la exigencia de justicia. Mucha gente –como el escritor y periodista Rodolfo Walsh– perdió su vida por denunciar el horror y la falta de derechos. Las madres de desaparecidos comenzaron a reunirse en abril de 1977, en Plaza de Mayo. Como estaban prohibidas las reuniones públicas, debían “circular”, por lo que iniciaron las “rondas” los jueves, que se mantienen todavía. El ejemplo de lucha y constancia de las Madres de Plaza de Mayo es conocido en todo el mundo. Existen además agrupaciones como Familiares de Desaparecidos y Detenidos por razones políticas y Abuelas de Plaza de Mayo, que buscan a sus nietos desaparecidos o nacidos en cautiverio, entregados ilegalmente a otras familias. Otras instituciones acreditadas internacionalmente por su labor en derechos humanos son la APDH, Asamblea Permanente por los derechos humanos, el Servicio de Paz y Justicia cuyo fundador, Adolfo Pérez Esquivel, fue reconocido con el Premio Nobel de la Paz en 1980, y el CELS, Centro de Estudios Legales y Sociales. En 1979 visitó el país la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para inspeccionar la situación de los detenidos y verificar las numerosas denuncias que se habían realizado en el exterior. Ese hecho, que debería haber sido positivo para la situación de los derechos humanos en nuestro país, motivó a que los represores eliminaran a muchísimos de los detenidos-desaparecidos, para desalojar numerosos centros clandestinos de detención y borrar las evidencias de las acusaciones. Sin embargo, la Comisión pudo confeccionar un voluminoso informe sobre las violaciones a los derechos humanos detectadas, e hicieron una fuerte crítica al gobierno militar. Por supuesto, la dictadura rechazó el informe.

 

 La política económica de la dictadura

 

El plan económico de la dictadura militar fue diseñado con antelación en reuniones entre militares y miembros del establishment económico, que propiciaron el golpe de Estado. José Alfredo Martínez de Hoz, descendiente de una familia de terratenientes que hizo fortuna con la trata de esclavos, fue ministro de Economía entre 1976 y 1981. Para detener la inflación utilizó la clásica receta del liberalismo: había que reducir el déficit fiscal e impedir los aumentos de salarios; no obstante, se quitaron los controles de precios que había en el período anterior. Para beneficiar a las clases altas, se rebajaron los impuestos directos (que gravan a la riqueza, o sea, a los pocos que tienen más bienes) y se generalizó el IVA (Impuesto al Valor Agregado, que grava el consumo, es indirecto y afecta a toda la población). Asimismo, se transfirieron las escuelas primarias y muchos hospitales a las provincias, y se les redujo el aporte del Tesoro Nacional, por lo que las prestaciones básicas a la población disminuyeron en calidad. Sin embargo, el gasto público no decreció, sino que aumentó por la compra de armamentos, construcción de autopistas y estadios para el Mundial 78 de fútbol, con los precios inflados por la corrupción. La reducción del salario real de los trabajadores redundó en una disminución del mercado interno, ya que los propios trabajadores eran los compradores de los productos que la industria y el agro ofrecían. Las industrias nacionales tuvieron menos consumidores, y por la relación dólar-peso en la que el peso estaba sobrevaluado, les era muy difícil exportar productos no tradicionales.

 La destrucción de la industria nacional

 

Un aspecto clave de la política de Martínez de Hoz fue la apertura de las importaciones. Uno de los pretextos para esa medida era que había que aumentar la eficiencia de la industria para adaptarse a las exigencias del mercado internacional. De ese modo, las industrias nacionales deberían mejorar su calidad y su productividad porque tendrían que competir con los productos importados. Ese era un momento de crisis internacional, donde los industriales norteamericanos se dirigían a su gobierno pidiendo protección frente a los artículos electrónicos que llegaban de Asia a precios muy bajos; sin embargo, la dictadura argentina no tuvo en cuenta la producción nacional e impuso rebajas masivas de aranceles aduaneros. Con el dólar subvalorado, resultó más conveniente importar que producir. Antes se importaban insumos, es decir, equipamiento y material necesario para la industria; a partir de ese momento, se importaron bienes de consumo totalmente prescindibles y que se fabricaban en el país, como galletitas y otros alimentos, vestimentas de todo tipo, electrodomésticos, etcétera. La industria electrónica, primera en América Latina, comenzó a desaparecer y las demás disminuyeron drásticamente. En cinco años cayó la producción industrial en un 20 por ciento, así como también la mano de obra ocupada en las mismas. Sólo crecieron algunas pocas industrias beneficiadas con regímenes de promoción, que tenían una excelente y ventajosa relación con el Estado, a veces favorecidas con reducciones impositivas. En general pertenecían a grupos locales que tenían una combinación de actividades industriales, de servicios, comerciales y financieras, como Macri, Pérez Companc, Bulgheroni, Fortabat, Bunge y Born y Techint.

 

La Patria Financiera

El peso sobrevaluado produjo el fenómeno de la plata dulce: el peso argentino valía mucho y llevó a una época de consumismo en las clases medias y altas que llevaba a importar todo lo que quisieran, y a viajar al extranjero de vacaciones o por compras. Pese a que los salarios estaban congelados y que había recesión industrial, el gobierno dio por sentado que existía inflación, y la reguló por una “tabla de devaluación mensual del peso” o tablita, donde se fijaba cuánto iba a valer el dólar, para que fueran previsibles las inversiones y las ganancias. El sector más importante de la economía dejaba de ser el productivo para convertirse en el que especulaba con el dinero. Además, se fijaron altas tasas de interés para atraer inversiones, que favorecieron la proliferación de bancos e instituciones financieras. Con eso se fomentó la especulación, ya que los depósitos a plazo fijo estaban garantizados por el Estado en caso de quiebras. A ese modelo de país basado en las ganancias sostenidas por el Estado, que actuaba a favor de una clase parasitaria y desnacionalizadora se lo denominó Patria Financiera. Dentro de la política favorable a los capitales extranjeros, se consideraba “inversión extranjera” a la compra de empresas argentinas (lo que en realidad era una desnacionalización) y se les daba las mismas facilidades que a las empresas argentinas para obtener créditos, por lo que muchas veces esas supuestas “inversiones” estaban financiadas, en realidad, con ahorro nacional y tenían la posibilidad de enviar luego al extranjero sus ganancias. La fuga de capitales se pudo medir en miles de millones de dólares entre 1976 y 1981. Otro de los aspectos funestos del plan económico, consistió en el endeudamiento externo de las empresas públicas, como fue el caso de YPF y Aerolíneas argentinas. En marzo de 1981, cuando dejó de aplicarse la “tablita”, ya habían quebrado numerosos bancos y el Estado se había hecho cargo de sus pasivos o deudas. Durante el gobierno militar la deuda externa argentina ascendió a la suma de 45.000 millones de dólares.

 

La política laboral

El plan de Martínez de Hoz, que eliminó los controles del Estado a los grandes capitales y terminó con las políticas sociales del Estado de Bienestar, requirió el disciplinamiento de la sociedad. Es decir, debía terminar con la protesta social, la exigencia de mejores salarios, la presión de los gremios y la lucha por un modelo de país que tuviera en cuenta a los trabajadores. La represión inusitada y la desaparición de los delegados gremiales fue la primera medida para paralizar la demanda. En segundo lugar, se promovió una tasa alta de desempleo como mecanismo natural del mercado, que permitía quebrar el poder de los sindicatos: si no había trabajo para todos, era afortunado el que lo conservaba, aunque tuviera un sueldo miserable. Los resultados del autodenominado “Proceso de Reorganización Nacional” para los trabajadores fueron la caída abrupta del empleo y del salario real. A fines de 1981, el salario real era casi la quinta parte de lo que había sido en 1974. La participación de los asalariados en el ingreso nacional pasó del 49 por ciento, en 1975, al 32 por ciento, en 1976. Asimismo, en 1975 existían 1.165.000 trabajadores industriales; en 1982 no eran más de 740.000; muchos pasaron a ser empleados en el sector terciario y se generalizaron el desempleo, el subempleo y el cuentapropismo. Estos últimos vivían en una situación inestable y carecían, en general, de seguridad social.

Para liquidar el “excesivo” poder sindical, se dictó la Ley 21.400 de “Seguridad Industrial”, por la cual se prohibió toda actividad gremial, el derecho de huelga y cualquier interrupción de la producción, estipulando penas entre 5 y 10 años de cárcel para los infractores. De este modo, la dictadura militar se proponía erradicar a la llamada “guerrilla fabril”. Se intervino militarmente la CGT, se bloquearon los fondos y bienes gremiales, hubo despidos masivos de empleados públicos, reducción del personal ferroviario y docentes que quedaron cesantes o “en disponibilidad”. A esas medidas le siguieron el secuestro de dirigentes sindicales como René Salamanca (SMATA -Córdoba) y Oscar Smith (Luz y Fuerza - Capital Federal), ambos desaparecidos. El disciplinamiento laboral se produjo en cada fábrica y empresa, desarticulando los cuerpos de delegados, las comisiones internas y los comités de seguridad e higiene de muchas empresas. La complicidad de los sectores empresarios y grandes grupos económicos con el régimen militar, para destruir la resistencia del movimiento obrero y la participación de los salarios en la renta nacional se percibe claramente en casos paradigmáticos como el de Ingenios Ledesma en Jujuy, propiedad de la familia Blaquier, donde se provocó un apagón para secuestrar a un grupo de trabajadores de la empresa. También automotrices extranjeras, como la norteamericana Ford y la alemana Mercedes Benz, permitieron la militarización de sus plantas (con la presencia de personal policial o militar) y las propias gerencias entregaron las nóminas de activistas y delegados (hoy obreros desaparecidos) a los represores. Así se aprovechó para instaurar una legislación laboral regresiva, por la cual se disminuyeron los días de descanso anual, se hicieron más baratos los despidos y se redujo globalmente la protección jurídica del trabajador.

 

La reestructuración de la CGT

Como en otras dictaduras, entre los dirigentes hubo participacionistas afines al régimen y algunos que intentaron confrontar (los líderes combativos estaban presos o desaparecidos). Se intentaron algunas huelgas y el gobierno de Videla, en 1979, dictó la Ley 22.105 que ordenaba la disolución de la CGT. A pesar de eso, la CGT resurgió en diciembre de 1980 bajo la dirección de Saúl Ubaldini, dirigente peronista del gremio de cerveceros, en la calle Brasil. Fue confrontacionista, con una actitud de denuncia frente a la dictadura, sin ser combativo y se oponía a la CGT Azopardo, oficialista. Organizó el paro general de julio de 1981 y el del 30 de marzo de 1982, con una movilización popular muy importante; los enfrentamientos con la policía en varias ciudades terminaron con aproximadamente 2000 detenidos y un muerto. Con la crisis económica y la gran deuda externa que había generado el régimen militar, el descontento popular aumentó. Tras la derrota en la guerra de las Malvinas, las movilizaciones fueron importantes: en agosto de 1982, bajo la consigna “pan y trabajo” la CGT peregrinó a San Cayetano; el 6 de diciembre y el 28 de marzo de 1983 hubo nuevos paros generales, esta vez masivos. Ese año se multiplicaron las huelgas sectoriales (ferroviarios, docentes y judiciales, entre otros) y el paro general del 4 de octubre de 1983, esta vez patrocinado por ambas CGT, tuvo amplia repercusión. Finalmente, con el advenimiento de la democracia se normalizó la CGT.

Las Presidencias de facto de Viola y Galtieri El 29 de marzo de 1981 asumió el general Roberto Viola, en plena crisis económica, y no pudo superarla. La CGT se estaba movilizando. Por primera vez durante la dictadura, la cúpula de la Iglesia comenzaba a hacer oír su disconformidad y a reclamar por los principios republicanos y el retorno a la democracia. Después de una visita a los Estados Unidos, Viola pretendió institucionalizar el proceso con la participación de civiles, proclamó el diálogo político con los partidos (con obvias exclusiones) y les exigió que se definieran favorablemente sobre la llamada lucha contra la subversión. El partido Justicialista, la Unión Cívica Radical, el Movimiento de Integración y Desarrollo, la Democracia Cristiana y el Partido Intransigente hicieron un compromiso para no aceptar una salida democrática condicionada por los militares, sino que se exigía una plena vigencia de la Constitución y constituyeron la Multipartidaria. Era julio de 1981, había Estado de Sitio, y firmaron su primer documento “bajo el lema del Episcopado Argentino: “la reconciliación nacional”.

Viola fue reemplazado por el general Leopoldo Fortunato Galtieri (1981-1982) –graduado en la Escuela de las Américas de Panamá, por lo que contaba con el beneplácito de Estados Unidos– quien al asumir priorizó los asuntos exteriores. En enero de 1982 organizó una nueva campaña contra Chile por el canal de Beagle. Dispuesto a consolidar sus compromisos con el gobierno norteamericano, Galtieri propuso el envío de ayuda militar en Centroamérica (el Salvador y Nicaragua). Su ministro de Economía, Roberto Alemann, liberalizó aún más la economía y quiso desestatizar las empresas del Estado (con un plan de privatización que incluía al subsuelo -minería, hidrocarburos–, lo que levantó gran resistencia); sus medidas agudizaron la recesión y se incrementaron las protestas de sindicalistas, y se sumaron las de los empresarios. Con el objetivo de detener el descontento popular sin dar la salida política que el pueblo quería, y de consagrarse como héroe nacional, Galtieri pensó en recuperar una parte del territorio argentino que había sido arrebatada por los ingleses un siglo y medio antes, en 1833: las islas Malvinas. Consideró que contaba con el aval de Estados Unidos y que Inglaterra no reaccionaría con un enfrentamiento bélico para defender unas islas tan lejanas, a las que tenía tan descuidadas. Los planes de invasión fueron elaborados en detalle, a fines de 1981, por el almirante Jorge Anaya.

 

La guerra de Malvinas

 La ocupación de las islas del Atlántico Sur, las Georgias y las Malvinas fue sencilla, dado que contaban con una escasa dotación militar inglesa. Si bien la toma de Malvinas por las Fuerzas Armadas argentinas el 2 de abril de 1982 constituía un acto de soberanía y muchos aplaudieron la medida, eso no significaba que estuvieran conformes en los demás aspectos con el gobierno militar. En Inglaterra, el gobierno conservador de Margaret Thatcher no se quedó con los brazos cruzados. Convenció a los ingleses para ir a la guerra; bajo el argumento que se trató de un acto de invasión realizado por una dictadura militar acusada de violar los derechos humanos, por lo tanto, que no merecía ningún tipo de consideración ni acuerdo diplomático. Gran Bretaña consiguió el apoyo de la Comunidad Europea y del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Este último votó una resolución declarando a la Argentina “nación agresora”, por lo que debía cesar las hostilidades y retirar las tropas. Los militares argentinos pensaron que tendrían el apoyo de Estados Unidos, ya que los países americanos estaban comprometidos en el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR). Sin embargo, el presidente norteamericano Ronald Reagan ofreció su ayuda logística a Inglaterra, respondiendo a la alianza de ambas potencias en la OTAN. Los países latinoamericanos brindaron su apoyo a la Argentina. Los ataques aéreos ingleses tardaron casi un mes en llegar. Los medios de comunicación, controlados por la estricta censura militar, manifestaron su colaboracionismo y participaron de la campaña de desinformación durante los dos meses de guerra, contribuyendo a actitudes acríticas, triunfalistas y belicistas en la opinión pública. La prensa y las revistas semanales alentaron la posibilidad de una guerra en condiciones favorables a la Argentina. Es decir, pretendieron hacer creíble una guerra que era imposible y desigual. La revista Gente titulaba en sus tapas “Seguimos ganando” o “Estamos destruyendo a la flota británica”. Nicanor Costa Méndez, ministro de Relaciones Exteriores de Galtieri, afirmó: “Creo que las Malvinas pueden resultar un Vietnam para Gran Bretaña. Es un lugar ubicado a 10.000 millas de Londres y es muy difícil de defender para los británicos”. En esa actitud “nacionalista” se censuró la música en inglés en las radios; el aspecto positivo fue que, tras seis años de pesada censura, el rock nacional pudo volver a escena. El 2 de mayo de 1982 un submarino inglés disparó contra el crucero argentino General Belgrano que se encontraba fuera de la “zona de exclusión” fijada por Londres; más de trescientos muertos fue el saldo de aquel hecho. Aviones de la marina argentina hundieron al destructor inglés Sheffield, pero la flota inglesa dominaba el mar. La noche del 20 al 21 de mayo los ingleses comenzaron el desembarco en las Islas Malvinas, lo que definió la derrota argentina. El 14 de junio se firmó la rendición, prácticamente incondicional. Todas las fuerzas argentinas pasaban a ser prisioneras de guerra. Habían muerto más de 700 personas (la mayoría jóvenes soldados conscriptos7) y casi un millar más estaban mutilados y heridos. Ellos y los cientos de ex combatientes que se suicidaron se convirtieron en otras víctimas de la dictadura. Con la rendición quedaba al desnudo la irresponsabilidad y la ineptitud de los altos mandos militares, así como después se conocieron hechos de corrupción y de violación de los derechos humanos hacia los jóvenes combatientes. Una de las consecuencias más importantes de la derrota militar en la Guerra de Malvinas fue la pérdida total de credibilidad ciudadana en la dictadura militar, lo que obligó a las Fuerzas Armadas a abandonar el gobierno y permitió el retorno de la democracia.

 

 Bignone: la transición a la democracia

 

Galtieri debió presentar su renuncia el 17 de junio. La Junta Militar no se puso de acuerdo en la nominación de su sucesor, que entonces fue nombrado sólo por el Ejército. El general Reynaldo Bignone asumió sus funciones como presidente de facto el 1º de julio, casi al mismo tiempo que buques ingleses liberaban a miles de prisioneros argentinos en Puerto Madryn. El general Bignone fue el encargado de liquidar el régimen y preparar las elecciones. El nuevo ministro de Economía, José Dagnino Pastore, al asumir su cargo, declaró que la economía se hallaba en “un estado de destrucción sin precedentes”. Habían aumentado los precios, las quiebras y la desocupación. Con la llegada de una misión del FMI se incrementaron las tarifas de transporte, gas, electricidad y teléfonos. La sociedad se empezaba a enterar de los crímenes cometidos durante la dictadura. Algunas publicaciones empezaron a escribir tibiamente la verdad. Las organizaciones de derechos humanos convocaron a una “Marcha por la vida” y tuvieron el eco de amplios sectores de la sociedad, pese a la prohibición oficial. La Multipartidaria, en una masiva concentración para exigir la convocatoria a elecciones, juntó más de cien mil personas, el 16 de diciembre de 1982. Preparándose para un gobierno civil, en abril de 1983, las Fuerzas Armadas redactaron un “Acta Institucional” donde reconocían la responsabilidad por las acciones antisubversivas y declaraban muertos a todos los detenidos-desaparecidos que no estaban en la clandestinidad o en el exilio. Consideraban que sólo estaban “sujetos al juicio de Dios”, porque habían realizado “actos de servicio”. Sancionaron, asimismo, un decreto-ley de autoamnistía, mediante el cual se eximía a los responsables de cualquier acusación. Esta ley fue rechazada por movilizaciones con decenas de miles de personas, y el gobierno democrático la revocó por ley del Congreso. Las elecciones, realizadas en octubre de 1983, dieron el triunfo al candidato de la UCR, Raúl Alfonsín, quien, en 1972, había creado el Movimiento de Renovación y Cambio. Durante la dictadura, en el ejercicio de su profesión de abogado, Alfonsín había defendido presos políticos y formado parte de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH).

Vídeo,Argentina: política de la dictadura (1976-1983)

https://photos.app.goo.gl/j3xmirBvvPrsvFeE9

https://www.youtube.com/watch?v=4UiHbGUWwDI

Video Explicativo P.R.N

CUESTIONARIO:

1. ¿Qué relación puedes establecer entre la Guerra Fría y la Doctrina de Seguridad Nacional?
2. ¿En qué consiste la Doctrina de Seguridad Nacional?
3. ¿Qué es el Plan Cóndor?
4. ¿A qué se denomino terrorismo de estado?
5. ¿Como se estableció el control ideológico implementado por la dictadura militar?
6. ¿Porque se detenían y desaparecían a las persona?
7. ¿Cuál era el objetivo de la política económica?
8. ¿Qué sucedió con la industria nacional?
9. ¿A qué se llamó patria financiera?
10. Observa el video y realiza una opinión al respecto.